No es la libre circulación, ¡es la movilización popular!
Por Néstor Bellini.
La Libertad Avanza (LLA) no deja de tomar la iniciativa política –esa que el gobierno de Alberto Fernández regaló a fuerza de desaguisados como la foto del cumpleaños de Fabiola en pleno comienzo de la pandemia, la marcha atrás en la expropiación de la empresa Vicentín y el mal manejo de la ilegítima deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros- imponiendo la agenda de los temas a tratar, según sus condiciones.
Similitud
Un desaforado requisito que está en la Ley Omnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso pretende conceder al Ministerio de Seguridad la autoridad para rechazar la realización de convocatorias a reuniones pública en espacios públicos. Aquel organismo podrá proponer modificaciones a la hora, el lugar o el recorrido de una manifestación. El increíble requisito regiría para reuniones de tres o más personas. Cuanta similitud con los siniestros comunicados de la dictadura cívico militar de mediados de los ’70 del siglo pasado.
Fiel a su mirada solamente materialista de la vida del hombre como sujeto individual y colectivo, el partido de gobierno pretende imponer multas a las organizaciones que convoquen a la protesta social y quitar la percepción de un plan de asistencia, a quienes concurran a marchas y movilizaciones para los que se despliegan aparatosos operativos de ¿seguridad?. Que duela en el cuerpo, pero que también duela en los bolsillos.
Reprimir: esa manera de entender lo Político
Ningún proyecto liberal que se propuso o se impuso a una sociedad funcionó sin la represión de la protesta social que aquellos modelos generan a fuerza de exclusión y marginalidad. Menos con las consecuencias que generarán las modificaciones contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus que LLA presentó a la sociedad que, de prosperar, significarán la destrucción del trabajoso entramado social, económico y político construido por las ricas tradiciones políticas nacidas del pensamiento nacional, para reemplazarlo por una sociedad de individuos en lucha de todos contra todos, importada de los países donde operan los centros de poder global.
Movilizar, esa es la cuestión
No obstante la ilegalidad de las normas impulsadas por el Poder Ejecutivo, las fuerzas del campo nacional y popular deben reformular el uso de la movilización popular, por varios motivos. Claramente, y se reitera la legitimidad del derecho a protestar y peticionar ante las autoridades, porque la movilización como herramienta ha sido estigmatizada por el poder económico con la suficiente habilidad para hacer enfrentar a pobres contras menos pobres en una pugna de derechos que no son contradictorios. Esto fue posible, entre otras situaciones, por la incalculable participación que tienen los dueños de la palabra en el país. También porque las víctimas de la represión siempre pertenecen a un mismo lado de la grieta: el de los desplazados por las políticas liberales, neoliberales o anarco capitalistas, las clases trabajadoras ocupadas y desocupadas y las Pymes y comercios minoristas. El campo popular no necesita más mártires para sostener la legitimidad y legalidad de sus derechos conculcados.
En aquel sentido, los movimientos nacionales y populares deberán reinventarse en sus métodos. Además de aquellas dos situaciones a analizar, también invita a repensar la eficacia -en este contexto- de la movilización tradicional, puesto que algunas las conducciones que convocan a marchar, en el mejor de los casos carecen de legitimidad para ser la cara visible de la protesta social; y en el peor, han especulado tanto que en no pocos casos algunos dirigentes, especialmente sindicalistas prominentes, han jugado abiertamente en favor de las patronales.
Milei y la coalición gobernante avanzan decididamente en refundar la Nación argentina retrotrayéndola a épocas coloniales. El campo nacional y popular volvió a tomar posiciones defensivas. Las viejas y exitosas herramientas forjadas al calor de conquistas imprescindibles para las clases trabajadoras, si no son usadas estratégicamente podrían separar más que dividir a los sectores agredidos por el plan de negocios que LLA le propuso a la sociedad.
Para empezar a marchar con sólidos argumentos institucionales, más allá de las leyes plasmadas en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales a los que el país adhirió, es indispensable que los legisladores nacionales asuman los intereses de los trabajadores de sus provincias y no levanten la mano apoyando programas económicos genocidas. Así también, comenzará la reconstrucción del vínculo pueblo-dirigentes, que se rompió cuando “la casta·” ocupó espacios de decisión en los partidos nacionales, desplazando a los militantes por CEO’s que en un militante ven una demanda, antes que un compatriota y un sujeto político que se hace protagonista de su historia y la de su pueblo.
