El Salvador | La organización El Socorro Humanitario documentó 322 personas fallecidas bajo custodia del Estado en el régimen de excepción
Sepultan a joven que falleció por desnutrición tras ser liberado en régimen de excepción
Por Williams Sandoval
Juan Saúl Castillo Alberto recibió carta de libertad en septiembre de este año y salió del Centro Penal de Quezaltepeque el 1 de octubre, pero días después falleció por un grave estado de desnutrición y un tumor en el rostro adquirido cuando estaba bajo custodia.
Su familia está consternada. Relataron a LA PRENSA GRÁFICA el deterioro de salud en el que se encontraba en los últimos meses y que, tras una audiencia especial de revisión de medidas realizada el 13 de septiembre, obtuvo su libertad, pero la gravedad con la que salió y las secuelas psicológicas lo complicaron mucho hasta llegar a la muerte.
«Le dijeron a mi mamá que estaba grave de salud, que solo ingería líquidos y no comida sólida. Me lo entregaron al borde de la muerte por la situación en que estaba. Ahí en prisión adquirió un tumor cancerígeno (en el rostro). Cuando se lo llevaron iba sano, no tenía ninguna enfermedad», mencionó su hermana.
Pudieron tener conocimiento de su estado de salud debido a que Juan Saúl se había aprendido de memoria el teléfono de sus familiares y cuando era trasladado a los hospitales pedía que le prestaran un teléfono para llamar. Así, en algunas ocasiones, la familia pudo observarlo.
Falleció el domingo 13 de octubre, días después de recuperar su libertad y presentando una desnutrición severa y el tumor facial.
Sin embargo, en la esquela proporcionada por el Hospital El Salvador certifica que falleció por «edema pulmonar (causa preliminar, pendiente de reporte de estudios complementarios)».
Saúl fue sepultado este martes 15 de octubre en el cementerio general del Puerto de la Libertad. Previo a ello se realizó una misa en la iglesia católica La Ermita, de la colonia El Morral de dicha localidad. Acompañado de familiares y amigos, le dieron sepultura tras unos días de consternación.
La captura
Fue capturado el 31 de octubre de 2022 y tenía 30 años de edad en ese entonces. Según describieron, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a su casa en horas de la madrugada y se lo llevaron acusado de pertenecer a grupos criminales
«Lo llegaron a sacar y golpearon feo», relata su hermana. Al momento de su captura trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
«Nos dijeron que se lo llevaron por agrupaciones ilícitas. Al día siguiente vimos en redes sociales que la Policía puso que lo habían capturado por un homicidio y que lo habían capturado en otra colonia, lo cual es mentira», agregó
Juan Saúl estaba soltero y era uno de los que aportaba para el sustento de su casa.
Tras su captura, fue trasladado al Centro Penal de Ilopango, luego pasó al Centro Penal de Izalco donde estuvo seis meses, luego al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, y posteriormente en el Centro Penal de Quezaltepeque, donde se complicó de salud y tras salir falleció.
«Cuando pude hablar con él, porque me quedé cuidándolo, me decía ‘vengo bien traumado, ahí solo pegándonos pasaban en las costillas. Me apretaban los dedos de las manos para quebrarme los huesitos’ yo por no llorar en frente de él le decía, ahí dejalos papito, Dios tarda pero nunca olvida. Sentimos un gran dolor por cómo nos lo dieron, le digo a mi mamá qué injustos son», relató su familiar.
LA PRENSA GRÁFICA consultó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), a través de su unidad de comunicaciones, acerca del deterioro de salud de Juan Castillo que le llevó a la muerte; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
322 muertes documentadas
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado que 322 personas han fallecido bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción, de los cuales cuatro son bebés, hijos de privadas de libertad. En su reporte señala que el Centro Penal de Izalco es donde se registran el 48% de esas muertes.
«La cifra negra de muertes en centros penales puede rondar las 800 víctimas, donde los principales centros penales donde más ha muerto gente es el de Izalco, que nosotros le llamamos el máximo centro penal de tortura y muerte de El Salvador, seguido de Mariona y Apanteos. Lamentamos que la narrativa del Gobierno es que se trata bien a los privados de libertad», mencionó Ingrid Escobar, directora del SJH.
Para Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), existe un silencio «cómplice» de instituciones del Estado que deberían garantizar la salud de los privados de libertad e investigar las muertes reportadas.
«Preocupa la negligencia con la que los funcionarios ven las torturas y muertes bajo custodia del Estado. Existe un silencio cómplice de instituciones como la Fiscalía y una negativa del Gabinete de Seguridad a reconocer la existencia de muertes arbitrarias que imponen un velo de complicidad frente a la violencia del Estado. Investigar y sancionar a los responsables de estas muertes arbitrarias y de las torturas en las cárceles salvadoreñas es un deber de urgencia que no debería demorar ni un segundo más», indicó.
Rodríguez insta al Gobierno a aceptar cuanto antes la visita de trabajo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ofrecido para ver este grave problema «desde una perspectiva independiente y con enfoque de derechos humanos».
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), ha denunciado la situación precaria en la que se encuentran los privados de libertad, la falta de atención médica y los malos tratos a los que son expuestos.
A la gente la están sacando grave de salud. En algunas ocasiones es para que mueran fuera de los centros penales y los están dando a las familias en graves condiciones. Esto es inhumano y es en esos centros donde se están enfermando y recibiendo malos tratos», mencionó.
