PUNTO Y SEGUIDO. Entre el alineamiento de Casa Gris con Milei, la falta de recursos y la fragmentación opositora
Rogelio Frigerio levanta el perfil como interlocutor de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Apoyo a la nueva Ley Ómnibus y al paquete fiscal, mientras sufre la disminución de la coparticipación y la eliminación de otras transferencias. El peronismo renovó sus autoridades partidarias y se anotó un triunfo legislativo.
El Gobernador de Entre Ríos cumple 125 días en el sillón de Urquiza, en un contexto atravesado por la alternancia en los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia, y por las variaciones del tablero político y su correlación de fuerzas. Como se detalló en distintas ediciones de Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, la llegada al poder de Rogelio Frigerio y de Javier Milei significaron la interrupción de administraciones peronistas, donde prevalecieron fundamentaciones de apoyo a la idea de un cambio y de rechazo frente al cansancio por promesas incumplidas.
Con diversos matices, ambos llegaron con una construcción simbólica y un discurso dicotómico entre lo nuevo y lo antiguo, lo privado y lo público, la libertad y el statu quo (o la casta), el mercado y el Estado, y la transparencia y la corrupción. Las dos narrativas de campaña capitalizaron diversas expectativas ciudadanas, pero principalmente acumularon las frustraciones y las broncas pasadas. En el caso de la provincia, con el condimento que el triunfo de Juntos por Entre Ríos se dio luego de cinco mandatos justicialistas (2003-2023) y rompió la hegemonía bipartidista histórica, más allá de las terminales ideológicas del Gobernador en el peronismo y el radicalismo.
Si se toma como referencia inicial a 1914, la primera contienda electoral posterior a la sanción de la Ley Sáenz Peña (1912), y se exceptúa los procesos dictatoriales, el predominio histórico de la UCR y el PJ es absoluto. Si el corte de análisis se realiza en 1983, con la recuperación de la Democracia, el peronismo gobernó ocho períodos (tres de Jorge Busti, dos de Sergio Urribarri, dos de Gustavo Bordet y uno de Mario Moine), mientras que el radicalismo condujo Casa Gris en dos mandatos (Sergio Montiel). El triunfo de Frigerio marcó una interrupción de esa dinámica bipartidista, dejando en un limbo al partido fundado por Leandro Alem, que es parte de la alianza gobernante desde un papel de reparto con el aporte de algunos funcionarios y ministros al Gabinete.
La definición respecto a las conexiones del actual Gobernador con ambos sellos históricos refiere a que proviene originalmente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido fundado por su abuelo y el ex presidente Arturo Frondizi, luego de la ruptura con la UCR Intransigente. Sin embargo, su primera responsabilidad pública fue como director de Políticas Regionales de la Subsecretaría de Programación Económica, durante el último año del primer mandato de Carlos Menem en Casa Rosada. En 1996 fue ascendido en dicha Subsecretaría del Ministerio de Economía y dos años después fue designado al mando de la Secretaría de Programación Económica y Regional, donde se desempeñó hasta el final del gobierno del caudillo riojano. La llegada al poder de Propuesta Republicana (PRO) a la jefatura de gobierno de Capital Federal (2007) favoreció el crecimiento de Frigerio en las filas del ex presidente Mauricio Macri. En 2011 fue votado como legislador porteño, en 2013 fue escogido como titular del Banco Ciudad, y en 2015 se convirtió en el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, conformando el núcleo más político del gobierno de Cambiemos, junto a los legisladores Emilio Monzó y Nicolás Massot.
¿Finaliza el período de gracia?
Como describió LA CALLE, los primeros 125 días de administración en Casa Gris estuvieron caracterizados por medidas y leyes vinculadas al robustecimiento de esa edificación simbólica. Allí se encuentra la aprobación del Régimen Legal de Transición de Gobierno, la reubicación de los vehículos oficiales, la supresión de todas las subsecretarías del organigrama ejecutivo, la media sanción de la iniciativa que elimina las pensiones vitalicias de gobernadores/as y vicegobernadores/as, y el proyecto de Régimen Legal de Acceso a la Información Pública. Otros anuncios, efectuados durante las primeras semanas de gobierno, persiguieron el mismo objetivo de fortalecimiento de los respaldos cosechados en los comicios generales del año pasado. Entre esas normativas, emerge la prohibición de candidaturas y de ejercicio de cargos públicos a personas con condenas judiciales, la creación de una figura del arrepentido para la resolución de delitos contra la administración pública, y la confección de una legislación que incorpore la extinción de dominio para la recuperación de bienes provenientes de actos ilícitos.
En paralelo, Frigerio eligió como enemigo en general al kirchnerismo y en particular al peronismo entrerriano, mientras se posicionó como una voz alineada con el programa económico de La Libertad Avanza en la Nación. Lo demostró con el respaldo público al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”; el apoyo explícito al 90% del extenso texto original del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”; y el protagonismo conciliador en la negociación con los otros nueve gobernadores de Juntos por el Cambio y con los dos bloques autodenominados dialoguistas de la Cámara Baja. Las bancadas de Hacemos Coalición Federal, que es integrada por su espada legislativa más leal, Francisco Morchio (PRO), y la Unión Cívica Radical (UCR), que es constituida por los legisladores Atilio Benedetti, Marcela Antola y Pedro Galimberti. Ni siquiera la eliminación del envío de recursos discrecionales, que se materializa en la ejecución de obras públicas, los programas de viviendas, las asistencias provenientes del Tesoro Nacional, el financiamiento a las cajas de jubilaciones provinciales, las partidas compensadoras para el transporte urbano y suburbano de pasajeros, y el pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), generaron cortocircuitos en el alineamiento de Frigerio con la Casa Rosada.
El primer cuatrimestre de la gestión del Gobierno provincial, como todo comienzo, transitó un período de gracia que no se redujo a la legitimidad popular construida en las urnas, sino que llegó a los puertos de una oposición fragmentada y que condicionó las futuras acciones de las organizaciones sindicales. Sin embargo, las críticas constantes del ex Ministro del Interior de la Nación hacia el peronismo, especialmente sobre las deudas heredadas de la gestión de Bordet, causaron incomodidades en las bancadas entrerrianas en Diputados y en el Senado, que venían apoyando de manera unánime la agenda legislativa de Frigerio, incluida las iniciativas que declararon las emergencias educativas y de obras públicas.
Superada (al menos públicamente) esa leve tormenta en la relación entre el oficialismo y la principal coalición opositora, los diputados de Más por Entre Ríos acompañaron esta semana la votación en general de la media sanción del proyecto que elimina las pensiones vitalicias a ex mandatarios. La Sesión Ordinaria, realizada el miércoles pasado, también sirvió para que el peronismo se anote su primera reivindicación parlamentaria, con la aprobación del proyecto presentado por Juan Bahillo, que incrementa al 9% las alícuotas del artículo 9 de la Ley Impositiva 9.622 y sus modificatorias, del impuesto a los Ingresos Brutos, para la intermediación y servicios financieros, con el propósito de equipararlas con el resto de las provincias de la Región Centro.
¿Fin, agonía o continuidad?
La paz momentánea, alcanzada con la bancada opositora en el Poder Legislativo, está amenazada por otros tres frentes que funcionan como olla a presión de esa etapa de gracia. Por un lado, la mencionada quita de recursos nacionales, que limitó o frenó el programa de gobierno de Frigerio y dejó en rojo las cuentas provinciales, en un escenario agudizado por la caída sustantiva de la recaudación y por las urgencias del Ejecutivo para la reactivación de la obra pública y una mayor aceleración de la gestión. La defensa del modelo nacional, la relación personal con Milei y el alineamiento político con el norte libertario, no revirtieron la supresión de recursos a la provincia e incluso profundizaron la eliminación de partidas y el ahogo financiero. El paso de un período de gracia, sumado al desgaste por la situación económica y la necesidad de resultados de gestión, tensiona con la estrategia local de incondicionalidad con la administración central.
Una segunda trinchera de disputa es la negociación paritaria con los sindicatos docentes y estatales, donde más allá de alguna medida de fuerza la dirigencia gremial mantuvo una posición dialoguista y de expectativa durante el primer trimestre del año. No obstante, la eliminación de la paritaria nacional docente y del Fonid, que afectaron directamente a los salarios docentes, en un contexto económico que acumuló una inflación del 51,6% en el primer trimestre de 2024 (11% en marzo), modificaron los gestos de paciencia y alertaron sobre el crecimiento de conflictividad social por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de la calidad de vida. La falta de una propuesta de recomposición salarial del Gobierno provincial profundizó el malhumor social, que tuvo este miércoles un paro docente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). El cortocircuito se agravó por el llamado de conciliación obligatoria de la Secretaría de Trabajo, por el descuento del día de huelga y por el pedido del Consejo General de Educación (CGE) para que dicho organismo declare la ilegalidad del paro, que calificaron en términos de “ejercicio abusivo” y en contradicción a un proceso de “negociación abierta”. La respuesta de Agmer fue que “el derecho de huelga de ninguna manera comporta un perjuicio al derecho del estudiante a la educación”, en tanto exigió que el CGE “se abstenga de emitir declaraciones y normativas persecutorias hacia los compañeros en funciones de supervisión, equipos directivos y docentes, con la pretensión de sancionar nuestro legítimo ejercicio».
La autorización de Casa Gris para el tratamiento y la adhesión a la propuesta de Bahillo, descripta unos párrafos antes, sobre modificaciones impositivas, se vincula directamente con la escasez determinante de recursos de las cuentas provinciales. En contraste con el discurso de Frigerio y la plataforma de Juntos por el Cambio contra la suba de impuestos, los efectos del ahogo financiero nacional y la imposibilidad práctica de endurecimiento de las críticas planteadas contra Milei, lograron que el oficialismo acompañe el incremento de las cargas fiscales al sector financiero, donde se pronostica una recaudación aproximada de 3.500 millones de pesos. Las declaraciones del Mandatario en medios entrerrianos y porteños, respecto a la opción de un impuesto a grandes fortunas, también marca el pragmatismo en la oficina estelar de Casa Gris en tiempos de vacas flacas.
El tercer foco de conflicto se conecta con la premura del Ejecutivo de Entre Ríos de dar respuesta a un abanico de obras públicas licitadas, en marcha o con grados importantes de ejecución. Su abordaje requiere la búsqueda de recursos extras que acelere la materialización de su plan de gestión en infraestructura vial, social, educativa, sanitaria y de viviendas. Las leyes de declaraciones de diferentes emergencias van en ese sentido, como también el primer viaje del Mandatario de la provincia hacia Alemania para la apertura de nuevos mercados y para resucitar los intentos de acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, en una comitiva compartida con representantes de Santa Fe y Córdoba. La incógnita crucial obedece a si ese equilibrio político será compatible con la supervivencia en los próximos meses, cuando la asfixia económica paralice completamente las gestiones en un efecto dominó o en cadena.
En el plano nacional, Frigerio aseguró el acompañamiento de sus espadas legislativas al nuevo texto de 279 artículos de la Ley Bases, después de la reunión de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio con el jefe de gabinete Nicolás Posee y el ministro del Interior Guillermo Francos. Los capítulos reformados contemplan las emergencias administrativas, económicas, financieras y energéticas por un año; una reforma del Estado que engloba una mayor flexibilización sobre la relación contractual y los despidos, y la privatización empresas públicas; el blanqueo y la moratoria para empresas que registren sus trabajadores; la reducción de los fondos fiduciarios; y la eliminación de la moratoria previsional.
Renovación de autoridades
La culminación de las formalidades del calendario electoral del Partido Justicialista (PJ) y la posterior asunción de las autoridades electas del Consejo Provincial y de las respectivas departamentales y unidades básicas, institucionalizó una nueva etapa, singular por la peculiaridad de encontrarse fuera del poder luego de dos décadas. La dispersión y fragmentación del peronismo es producto de la derrota en las elecciones generales del año pasado; del proceso de mínima autocrítica, discusión interna y resignificación de referencialidades; y de la carencia de una conducción que sintetice y aglutine las diversas identidades del peronismo provincial.
El miércoles pasado, en la sede partidaria central, ubicada en Paraná, se llevó adelante el cónclave inaugural de la flamante composición, conducido por su presidente, José Cáceres, con las presencias de Carina Domínguez, Mayda Cresto, Silvia Moreno, Tomás Ledesma, Aldo Álvarez, Carolina Gaillard, Walter Doronzoro y Juan Carlos Kloss. “Se inicia una nueva etapa para el peronismo en la que la sociedad nos ha ubicado como oposición y lo vamos a llevar adelante férreamente, tanto frente al Gobierno nacional de Javier Milei, como al gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio”, afirmó el ex Vicegobernador. Allí se escuchó el primer pronunciamiento institucional del partido provincial respecto a los despidos de trabajadores/as del Estado, que tuvo distintas acciones en los organismos nacionales con delegaciones en Entre Ríos y que previamente tuvo declaraciones de la departamental de Paraná.
En simultáneo, la titular de la Liga de Intendentes del PJ, Rosario Romero, fue anfitriona del encuentro que convocó a sus pares justicialistas, donde se destacó la preocupación generalizada por el futuro de las obras públicas en los diversos territorios locales, diseñadas con recursos provinciales, nacionales e internacionales. “Se va a elaborar un documento donde estén los distintos niveles de avance en la obra pública y con qué tipo de financiamiento contaban los municipios para que la tenga como elemento”, expresó la presidenta municipal de la capital entrerriana después del cónclave. La siguiente cita se realizará en Maciá, el único municipio del departamento Tala administrado por el justicialismo, a principios de mayo, con una invitación que será extendida a los legisladores de la provincia.
Como analizó Punto y Seguido, el peronismo tiene desafíos urgentes y estructurales que incluyen una amplia convocatoria y movilización de sus bases; un proceso de autocrítica, revisión y democratización de sus formas de construcción y conducción política; un rol riguroso de oposición institucional, sindical y partidaria contra las gestiones de Nación y Provincia; y un programa de gobierno que recupere la cercanía con las necesidades y las demandas de la ciudadanía. A un año de los comicios legislativos de medio término, cuando el electorado entrerriano votará representantes en el cuarto oscuro para cinco bancas de Diputados y tres escaños del Senado, el PJ tiene como objetivo inmediato la reconstrucción de su plataforma como una opción competitiva para 2025.
Rompecabezas de un tablero político transformado, donde los oficialismos mantienen los índices de aprobación de los comicios generales y el balotaje presidencial, pero los electorados, incluso aquellos esperanzados en las nuevas gestiones, sufren el deterioro cotidiano de sus ingresos, su poder de compra y el desarrollo de sus vidas.
Fuente: La Calle
