Rompecabezas del peronismo entrerriano: entre las responsabilidades institucionales y el rol opositor
Tras 20 años en el sillón de Urquiza, el Justicialismo se reorganiza fuera del poder, en un contexto de renovación de autoridades, de distribución de culpas de las derrotas electorales, de obligaciones ejecutivas y legislativas, de constitución como frente opositor y de necesidad de reconstruirse como una alternativa de gobierno.
Periodista
Los resultados de los comicios generales del 22 de octubre del año pasado transformaron el tablero político de la provincia. La victoria del ex diputado nacional, Rogelio Frigerio, de la alianza Juntos por Entre Ríos, rompió la dinámica bipartidista y desbancó la hegemonía peronista de las últimas dos décadas. El nuevo Mandatario, con descendencia desarrollista y pasado en el menemismo, es un dirigente de Propuesta Republicana (PRO), el partido fundado por el ex presidente Mauricio Macri, que tuvo su primera incursión en la provincia en 2007 pero fue protagonista seis años después, con una lista consensuada entre el senador nacional, Alfredo De Ángeli, y el ex gobernador peronista, Jorge Busti.
El mencionado caudillo de Concordia asumió su tercera gestión en 2003, en un contexto de resurgimiento del justicialismo a nivel nacional, iniciando un proceso de cinco mandatos consecutivos del peronismo entrerriano, continuado por dos períodos de Sergio Urribarri y dos etapas de Gustavo Bordet. Casi paradójicamente, el bipartidismo fue amenazado por la referencia del mencionado dirigente ruralista, que se hizo famoso por los cortes de ruta contra la resolución 125 de retenciones móviles de 2008, y que se transformó en el candidato a gobernador de Cambiemos en 2015, dejando en un rol secundario, sin postulante propio, a la Unión Cívica Radical (UCR). El conflicto con las patronales agropecuarias también significó la salida de Busti del Partido Justicialista (PJ), que tres años después compitió contra su sucesor desde su nuevo sello electoral, el Frente Entrerriano Federal (FEF), que facilitó el mencionado acuerdo de 2013 y posibilitó una lista propia dos años después, encabezada por el actual intendente de Villaguay, Adrián Fuertes.
La llegada de Bordet al sillón estelar de Casa Gris representó una tregua con esas discusiones internas y permitió la integración del FEF a la coalición justicialista, en un contexto atravesado por la relación de oposición y/o gobernabilidad con el Ejecutivo nacional, dirigido por Cambiemos, donde el interlocutor era el actual Mandatario de Entre Ríos, que ocupaba el estratégico Ministerio del Interior de la Nación. Sin embargo, esa tensa armonía estuvo caracterizada por un liderazgo vertical y por un proceso de desmovilización de las bases peronistas, donde la Ley Nº 9659, conocida popularmente por su autor, Emilio Castrillón, y la propia carta orgánica del PJ, condicionaron las presentaciones de candidaturas internas, la democratización partidaria y la incorporación de las minorías.
Después de octubre
Las votaciones de 2023 dejaron un escenario de derrotas en Casa Rosada y en diferentes jurisdicciones gobernadas históricamente por el peronismo, como San Luis, Santa Cruz, Chaco y San Juan. Entre Ríos, como también ocurrió con Santa Fe, no fue la excepción, donde Frigerio le arrebató el poder al justicialismo de la provincia, en una contienda mano a mano con el ex vicegobernador y ex intendente de Paraná, Adán Bahl. La situación tuvo sus similitudes con los comicios de 2015, cuando la ola amarilla, liderada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC), ganó el balotaje e interrumpió la hegemonía peronista. No obstante, como pasó en diversas provincias, en aquella ocasión el justicialismo entrerriano retuvo la categoría principal, con una victoria ajustada de Bordet por 22.109 votos contra De Ángeli. En 2023, en una fotografía contrastable con otros distritos, el peronismo perdió la conducción de distritos claves, que incluyó la administración de 11 intendencias, en comparación con las ciudades comandadas en 2019, donde se destacan los municipios de Concordia, Gualeguaychú, Federal, San Salvador y Diamante.
Posterior al 10 de diciembre, la salida del poder en la provincia trajo cuestionamientos, autocríticas y discusiones internas sobre los márgenes de participación, los modos de construcción, la conformación de las listas, la reforma de la carta orgánica del PJ, los formatos de acumulación y el proceso de conducción y emergencia de las referencialidades y los liderazgos. La postergada renovación de autoridades del Partido, las dificultades de gestión, los errores no forzados, los números negativos en los comicios de medio término de 2021 y la dictadura de la dedocracia, fueron condimentos que provocaron una implosión ante la falta de debate, apertura y resultados de los últimos años.
El nombre más apuntado de la derrota fue el arquitecto crucial de la estrategia electoral, Gustavo Bordet, aunque las acusaciones alcanzaron al postulante a sucederlo, Adán Bahl, como también a las dirigencias de departamentos fundamentales para la disputa provincial. Allí se reparten las responsabilidades de Enrique Cresto, Ángel Giano y Armando Gay en Concordia, de Juan Darrichón en Diamante, de Gerardo Chapino y Nancy Miranda en Federal, de Martín E. Piaggio y Martín R. Piaggio en Gualeguaychú, y de Lucas Larrarte y Marcelo Berthet en San Salvador, donde las internas locales limitaron el objetivo indispensable de retener la provincia. El cruce mediático por las culpas del fracaso electoral llegó hasta el pedido público de renuncia de las bancas de Mariel Ávila, esposa del último gobernador peronista, y de Claudia Silva, compañera de Bahl, que asumió como senadora en lugar del ex intendente de María Grande, Hugo Maín, entre especulaciones por su dimisión.
La recomposición del escenario político nacional y provincial arrojó un nuevo panorama en el justicialismo, que diferencia entre los intendentes, que cumplen funciones ejecutivas y dependen del vínculo con Casa Gris y Casa Rosada; los legisladores, que efectúan un rol opositor institucional en ambas cámaras del Congreso; la dirigencia señalada como estandarte de las últimas derrotas; y los sectores que desde el llano tienen un papel más libre para la confrontación. Un abanico de posicionamientos, donde además se mezcla la obligación de ser la alianza principal de la oposición y de constituirse en una alternativa real de Gobierno.
Con gusto a poco debate, la demorada renovación de autoridades del Consejo Provincial, los órganos departamentales, las unidades básicas y el Rectorado del PJ se llevó adelante el pasado 10 de marzo. Como detalló Punto y Seguido, la columna de LA CALLE, pese a los gestos y las declaraciones de vastos espacios del peronismo sobre varias postulaciones, la nómina final de consenso fue encabezada por el ex vicegobernador José Cáceres, que venía de ser secretario general de la conducción partidaria anterior, bajo la jefatura de Bordet. Pese a la competencia interna por las departamentales de Concordia, Gualeguaychú, La Paz, Colón, Nogoyá, Gualeguay y Federal, la lista provincial de unidad pareció un déjà vu con la historia reciente del justicialismo.
Nuevos y viejos nombres
La designación de Cáceres postergó la evaluación rigurosa puertas adentro y ratificó la obediencia hacia Bordet, que combina su agenda entre la realidad política de Entre Ríos y su labor legislativa en Capital Federal como diputado nacional. Esa nómina, con sus matices, tuvo el acompañamiento de la camada histórica de presidentes municipales, como Rosario Romero de Paraná, José Lauritto de La Histórica, Adrián Fuertes de Villaguay y Daniel Rossi de Santa Elena, y de la franja generacional más nueva, como Gustavo Bastián de San José, Damián Arevalo de Feliciano, Ricardo Bravo de Federación e Isa Castagnino de Victoria. Además, recibió adhesiones de los sectores más cercanos al ex Gobernador, como su ex vicegobernadora Laura Stratta y el diputado Juan Bahillo, como también de los actores más reticentes o críticos con esa conducción.
116 días después del comienzo de las gestiones de Javier Milei y Rogelio Frigerio, el peronismo entrerriano no avanzó en una revisión abarcativa, participativa y amplia sobre los errores cometidos, los métodos de construcción y los modos de conducción política. Tampoco tiene una postura uniforme o una estrategia elegida respecto a la realidad cotidiana y las medidas gubernamentales, ni ha generado las instancias imprescindibles para la reformulación de su agenda política, su plataforma partidaria, su táctica electoral para 2025 y su programa de Gobierno para 2027.
En esa extensa mesa de dirigentes con responsabilidades institucionales, el Justicialismo cuenta en la Cámara Baja con los legisladores nacionales Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Blanca Osuna, mientras que en el Senado tiene como espada a Edgardo Kueider, aunque fuera de los bloques mayoritarios del peronismo. En el Poder Legislativo provincial, donde tiene mayoría ajustada en la Cámara Alta (9/8) y posee minoría en Diputados (11/18), se encuentran referencias como Stratta, Bahillo, o los ex intendentes Enrique Cresto (con licencia), Silvia Moreno, Marcelo Berthet y Martín Oliva. Con funciones ejecutivas, además de los intendentes mencionados, surgen los nombres Cesar Melchiori de Villa Paranacito, Hernán Niz de Villa Mantero, Juan Amavet de Santa Anita, Fernando Viganoni de San Justo y Mauro Cháves de Aldea San Antonio. En el llano, sin lugares ejecutivos o legislativos, está la última fórmula estelar para Casa Gris, los ex presidentes municipales Adán Bahl y Claudia Monjo.
El peronismo en general y el justicialismo entrerriano en particular, tienen como desafío estelar la confección de una propuesta de gobierno que tenga cercanía con las necesidades urgentes y estructurales de la ciudadanía. Eso requiere autocríticas y debates internos, respaldado por un proceso de movilización y organización popular que combine las banderas históricas del partido con las nuevas agendas y demandas. Un análisis que atienda las consecuencias de la pérdida del Gobierno nacional y de la conducción de las administraciones provinciales y locales, agudizada por el cambio de paradigma sobre el rol del Estado, la paralización de la obra pública y la inversión social, la merma de la recaudación y los recortes de fondos coparticipables o discrecionales. Una propuesta donde, más allá del consenso entre dirigentes, se recupere la relación con los electorados.
Fuente: La Calle.com.ar
