Características y variables del panorama nacional y provincial, a 76 días de los nuevos gobiernos

Luego del traspié de la Ley Ómnibus, Milei arriesga los acuerdos legislativos para sostener la vigencia del DNU 70/2023. El FMI, el paro docente, incluido en Entre Ríos, y la eliminación de recursos, áreas y programas. Sin transferencia presupuestaria de Nación, Frigerio busca la paz en su pago chico, mientras apuesta a la sanción de leyes claves.

 Abril emerge como el mes bisagra para el gobierno de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, especialmente en términos de conflictividad y humor social. En tanto que agosto aparece como plazo decisivo para la eliminación de las restricciones al acceso de dólares, conocido popularmente como cepo, vinculado al robustecimiento de las reservas del Banco Central. En los hechos, surge como una analogía de los dichos de Álvaro Alsogaray, ex ministro de Economía durante el Gobierno de Arturo Frondizi, que en junio de 1959 había afirmado que “las medidas en curso permiten que podamos lanzar una nueva fórmula: hay que pasar el invierno». En ese paralelismo, el contenido refiere al capital político construido por el presidente Javier Milei y a la paciencia real de las mesas trabajadoras y los bolsillos argentinos respecto al programa económico del Ejecutivo nacional.

76 días

La devaluación inicial de 118%; la puesta en vigencia de la mayoría del texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 llamada “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”; el tratamiento del proyecto de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, apodada como Ómnibus; el cumplimiento del consenso pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); la eliminación de subsidios en las tarifas de servicios de comunicación, electricidad, gas y transporte de pasajeros; la supresión de ministerios, secretarías, fondos y programas claves; la desregulación de la economía y de los controles estatales en los procesos de producción, distribución y comercialización; y la paralización de recursos coparticipables, de transferencias discrecionales a las provincias y del total de la obra pública, son algunos de los ejes que marcaron los primeros 76 días de la gestión libertaria.

El desenlace tangible fue el superávit financiero de 518.000 millones de pesos, algo que no sucedía desde 2012, aunque la consecuencia principal del proceso de recesión e inflación fue el aumento de los índices de pobreza, fijado en 57,4% durante el mes de enero según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El número difundido es el peor después de la crisis de 2001, que significa que alrededor de 27 millones de personas se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que 7 millones de argentinos están en situación de indigencia. Con una inflación de 45,8% entre diciembre y enero, la caída del consumo, de la producción económica y del poder adquisitivo fueron otras consecuencias del plan económico de Milei; con una imagen final donde el salario mínimo del país es de 160 dólares, que es el sueldo más bajo de la región después de Venezuela.

Como detalló Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, la intransigencia del Gobierno nacional para la negociación de la Ley Ómnibus y el posterior fracaso de su sanción en particular en la Cámara de Diputados, dinamitaron los puentes con los sectores dialoguistas, como los diez gobernadores de Juntos por el Cambio y los mandatarios de los partidos provinciales de Córdoba, Salta, Misiones y Río Negro. La reacción de Casa Rosada fue la profundización del corte absoluto de las partidas presupuestarias hacia las provincias, que incluye el Fondo de Incentivo Docente, el financiamiento de las cajas de jubilaciones provinciales, los Aportes del Tesoro Nacional, el Fondo Compensador del Transporte y la Asistencia directa a los distritos.

La inflexibilidad de la administración nacional respecto al envío de recursos puso en un lugar de oposición a referentes amigables de las distintas jurisdicciones, como ocurrió con las presentaciones judiciales y por los canales administrativos de los gobiernos de Misiones, La Pampa, Chubut, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba. En esa sintonía, el tercer distrito, conducido por Ignacio Torres (PRO), logró que la Justicia Federal frene la eliminación de los subsidios al transporte en dicho territorio. En paralelo, advirtió que cortará la entrega de gas y petróleo si la Nación no libera las partidas coparticipables, respaldadas por Ley, que deben girarse de manera automática. La situación derivó en un duro documento promovido por Torres y firmado por sus pares Vidal de Santa Cruz, Figueroa de Neuquén, Melella de Tierra del Fuego, Zilliotto de La Pampa y Weretilneck de Río Negro. «Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, cuestionaron directamente al Presidente libertario. “Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses», destacaron en el escrito publicado. “No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», criticaron.

Horas después, los otros nueve mandatarios de Juntos por el Cambio, Valdés de Corrientes, Macri de Ciudad Autónoma, Frigerio de Entre Ríos, Pullaro de Santa Fe, Sadir de Jujuy, Orrego de San Juan, Cornejo de Mendoza, Poggi de San Luis y Zdero de Chaco, manifestaron su respaldo a Torres. “El Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a las provincias”, afirmaron en el escrito público. “No cumplir con la Ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, alertaron. La respuesta de Milei, con tono de twitter, escaló en el mundo de las adjetivaciones, tratando a los mandatarios de “degenerados fiscales”. En una declaración escrita, la Oficina del Presidente recordó que “los 13.500 millones de descuento, a los que hace alusión (Torres), corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. Además, explicó que “por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación”.

La peligrosa batalla desatada, que seguramente tendrá nuevos capítulos, dejó otro round luego del cruce de comunicados. «Si el martes no hay resolución de la justicia, no vamos a exportar ni un barril más de petróleo», advirtió Torres, sobre una medida compartida por las provincias del sur. “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, fue la nueva contestación del líder libertario. “Que me metan preso, no me importa”, fue la réplica del Gobernador patagónico, que también recibió el acompañamiento de los mandatarios justicialistas.